De aprobarse el ACTA se castigará libre circulación de obras: Alejandro Miranda
Coatzacoalcos, Ver.- El académico de la facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Miranda Díaz, dijo que es absurda la posibilidad de que el Senado de la República ratifique el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), firmado recientemente por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Lo anterior debido a los candados que traería consigo este acuerdo internacional y los castigos que se establecerían por la libre circulación de las obras a través de la web para los usuarios.
Entrevistado antes del Congreso Mexicano de la Sociedad de la Información y Conocimiento Libre (COSIT) 2012, el especialista refirió que los autores de cada obra están en el derecho de vivir de su trabajo, al igual que los usuarios de la misma pueden utilizarla.
“El conflicto está en que quien hace negocio de eso lo que quiere es sacar provecho y quien quiere información quiere acceder a la información y, bueno, las personas tienen derecho a sacar provecho de su creación pero el problema es que nos ponen restricciones a sus obras”, explicó.
Miranda Díaz consideró que las empresas “perdieron el piso” al confundir las propiedades de un objeto físico y un objeto digital que tendría restricciones en su reproducción, en caso de llegarse a aprobar el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación en el Senado de la República.
Refirió que el acceso legal a un producto no está a discusión sino que es indispensable el permitir que un usuario comparta dicho producto con alguien más sin la necesidad de que una tercera persona gaste, como sucede con la reproducción de videocintas en la pantalla grande.
“Si se ratifica en el Senado nos vamos a ver obligados a generar jurisprudencia que castigue la libre circulación de las obras. Actualmente, digamos, no se persigue, es una mentira que digan que se persiga esto que es piratería, esto no es piratería, está permitido en nuestras leyes actuales. El problema es que con estos tratados internacionales nos obligarían a generar jurisprudencia y a perseguir a quien haga legalmente una copia y luego la distribuya”, advirtió.
Los Estados de la UE pueden obligar a los ISP a identificar infractores del ‘copyright’
Cualquier país de la Unión Europea puede aprobar leyes que obliguen a los proveedores de Internet a identificar a los usuarios sospechosos de infringir derechos de autor en la Red, y así lo ha vuelto a respaldar expresamente el Tribunal de Justicia de la UE.
Una sentencia del TJUE -localizada gracias al abogado y experto Miquel Peguera- así lo permite de forma inequívoca, ya que no ve conflicto entre la aplicación de la directiva de conservación de datos (2006/24/CE) y la de respeto de los derechos de propiedad intelectual (2004/48/CE), y entiende que la primera directiva “no se opone a la aplicación de una normativa nacional sobre los derechos de propiedad intelectual” basada en la segunda.
En esta ocasión, la sentencia se refiere a un caso judicial sueco sobre ‘piratería’ de 27 audiolibros a través de descargas directas. Bonnier Audio y otras cinco editoriales solicitaron a un juez sueco que obligase al operador ePhone la identificación (nombre y dirección) del titular de la dirección IP desde la que se realizó la descarga.
Así, el juzgado sueco elevó una pregunta al TJUE sobre si la directiva de conservación de datos impide solicitar la identificación -a partir de su dirección IP- de un abonado presuntamente infractor de la propiedad intelectual.
Caso Promusicae
Se trata de una respuesta similar a la que esta misma instancia dio en el caso Telefónica-Promusicae hace cuatro años. En enero de 2008, el TJUE concluyó que el derecho comunitario “no excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan el deber de divulgar datos personales en un procedimiento civil, pero tampoco obliga a los Estados miembros a imponer tal deber”.
Entonces, el TJUE afirmó que las directivas en materia de propiedad intelectual y protección de datos “tampoco obligan a los países a imponer el deber de comunicar datos personales en el marco de un procedimiento civil con objeto de garantizar una protección efectiva de los derechos de autor”. Es decir, cada Estado podía decidir obligar o no la comunicación de esos datos personales.
Ya entonces, Promusicae se felicitaba por esta respuesta e instó al Gobierno a promover una reforma para obligar a los operadores a identificar a los usuarios de redes de intercambio P2P, aunque sin éxito. En estos momento, la legislación española (ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas) sólo prevé la identificación para delitos graves, entre los que no se encuentran los derechos de propiedad intelectual.
Debido precisamente a la ausencia de una norma en la legislación española que obligue a identificar a los usuarios por su IP en casos de propiedad intelectual, las entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE han descartado la vía judicial para identificar, por ejemplo, a los responsables de sitios web de enlaces.
En su lugar, en ocasiones ha conseguido datos de los administradores de páginas con enlaces a descargas a través de denuncias administrativas ante el Ministerio de Industria, y amparándose en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información de 2002, que obliga a las páginas web a publicar tanto los datos del administrador como un modo para poder contactar con él.
México, con menor penetración de celulares en AL
De acuerdo con el Indicador de la Sociedad de la Información, realizado por la firma Everis, el país registra 890 teléfonos móviles por cada mil habitantes, muy por debajo de Brasil y Argentina
México registra la menor penetración de teléfonos móviles de América Latina con sólo 890 equipos por cada mil habitantes, de acuerdo con el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) realizado por la firma Everis.
“México tiene la penetración más baja en relación con teléfonos móviles y ordenadores de la región, Argentina presenta la máxima puntuación, en tanto que Chile registra buenos números pero es más pequeño y menos complejo, mientras que Brasil ha crecido desde hace dos años debido a su impulso económico”.
En el marco de la presentación del estudio, el gerente de business de telecomunicaciones de la consultora, Daniel Ponte, previó que en un par de años México tenga un comportamiento similar al de Brasil, cuando logró romper la barrera de 80 por ciento de penetración.
“En México debería ocurrir lo que pasó en países como Brasil en donde se alcanzó de forma rápida una alta penetración móvil, pero llega otro momento donde le costó romper la barrera de 80 por ciento para alcanzar ciento por ciento, esto ya lo pasaron otros países de América Latina” .
Una de las causas atribuibles a la desaceleración que registra México en su nivel de penetración móvil es la orografía del país que dificulta que las personas ubicadas en zonas de difícil acceso se integren a los servicios de telefonía celular.
Por ello, es que una alternativa para impulsar el crecimiento de la penetración es que los proveedores del servicio aumenten sus inversiones en infraestructura para aumentar el número de personas que puedan adquirir el servicio.
Ponte refirió que México también registró un bajo nivel de penetración de computadoras al compararse con otros países de América Latina, con 228 ordenadores por cada millar de habitantes, es decir 55 menos que la media en la región.
En contraste, México registra 333 usuarios de Internet por cada mil habitantes, número que se ha expandido durante los últimos años; en tanto que para el cuarto trimestre de 2011 registró un incremento interanual de 14.2 por ciento.
En cuanto al nivel de abonados de servicios de banda ancha, el país se coloca como el segundo de la región con la mayor penetración regional con 114 personas por cada mil, lo que representa un aumento de 16.4 por ciento.
Este comportamiento, dijo Ponte, se atribuye principalmente al creciente aumento de popularidad de las redes sociales, las cuales impulsan a cada vez más personas a iniciarse como usuarios de Internet y contratar servicios de banda ancha.
¿La suma de WikiLeaks y Anonymous resulta una asociación poderosa?
Aunque no es nada nuevo que WikiLeaks publique información que pertenece a una empresa privada, una serie de correos electrónicos de la compañía Stratfor que se publicaron este lunes podría ser por primera vez el indicio de que Anonymous y WikiLeaks han trabajado juntos. Y eso podría tener consecuencias legales para el editor del sitio, Julian Assange, dicen los expertos.
En diciembre, Anonymous afirmó que había hackeado a Stratfor, la empresa privada con sede en Austin, Texas que produce informes de inteligencia para sus clientes. Este lunes WikiLeaks empezó a publicar cinco millones de correos electrónicos que dijo eran propiedad de Stratfor y que revelaban, de acuerdo con el sitio, una letanía de injusticias por parte de la compañía. WikiLeaks le dio el nombre de Global Intelligence Files (Archivos de Inteligencia Mundial) a la filtración.
WikiLeaks no dijo de dónde obtuvo los archivos. Anonymous, un grupo amorfo de hackers en todo el mundo, afirmó en Twitter y en otras redes sociales que ellos se las dieron. Numerosos medios de noticias como el periódico Washington Post y la revista Wired han informado sobre la sociedad.
“Su trabajo juntos (de WikiLeaks y Anonymous) tiene sentido. Anonymous realizó la piratería cibernética, obtuvo el material y tomó la decisión de que alguien más estaba mejor preparado para revisarlo y darlo a conocer”, dijo Gregg Housh, quien actúa como portavoz de Anonymous. “Anonymous no tenía la capacidad para revisar todos los correos electrónicos por sí mismos. Esta fue una asociación oportuna. WikiLeaks hizo el increíble trabajo de clasificar los cables (del Departamento de Estado de Estados Unidos)”.
WikiLeaks se volvió superfamoso en 2010 con las filtraciones de la guerra de Iraq y Afganistán, y posteriormente filtró casi un cuarto de millón de cables del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mientras tanto, Anonymous lograba sus primeros titulares en los medios internacionales cuando deshabilitó los sitios web de las compañías MasterCard, PayPal y Visa cuando estas empresas dejaron de tener una relación comercial con WikiLeaks. Debido a la intensa atención por los líos legales de WikiLeaks y Assange, parecía que Anonymous podría tomar el lugar del sitio de filtraciones si este no sobrevivía. El año pasado Assange dijo que no tenía nada que ver con el sitio que deshabilitó a las compañías.
Housh es un desarrollador web de Boston y dice que observa al portal de chat IRC de Anonymous y se comunica con los anons pero que no participa en ninguna actividad de piratería cibernética. A través de Housh, CNN solicitó durante muchos meses entrevistas telefónicas con los anons, las personas quienes están relacionadas con Anonymoys. En cada ocasión y una vez más este lunes, las solicitudes fueron rechazadas. Pero a lo largo de la red, los anons se adjudicaron el crédito del ataque cibernético a Stratfor. Los hackers detrás de este acto de piratería cibernética podrían ser pare de una sección de Anonymous llamada Anti-Sec, la cual según la revista Wired es conocida por hackear en los servidores.
Este lunes Stratfor confirmó que fueron robados los correos electrónicos de la compañía, pero en un comunicado dijo que los mensajes podrían haber sido alterados.
Ya que los Global Intelligence Files (Archivos de Inteligencia Mundial) supuestamente fueron robados de una empresa privada, WikiLeaks podría ser considerado responsable y acusado por los cargos de robo, dice Hemu Niga, quien trabajó durante dos décadas en seguridad informática.
“Hay una gran diferencia entre publicar información y publicar información que sabes que fue robada”, dice Nigam, quien colaboró con el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Interpol y el FBI para implementar un programa de identificación de hackers para Microsoft. Ahora maneja SSP Blue, una compañía de asesoría que le dice a las empresas más importantes cómo protegerse de los piratas cibernéticos y de las personas que se encuentran en el interior de la compañía buscando información para filtrar. “Hay una serie de estatutos criminales que no tengo duda en que los abogados de Stratfor van a pensar para demandar de la mejor manera a WikiLeaks. La información que tiene propiedad privada, no es igual a la información pública, esta última esencialmente le pertenece al público en general”.
Hemu dice que a él le parece que los cinco millones de correos electrónicos fueron sustraídos por un hacker que penetró un servidor sin protección y que lo copió completamente. “Cualquier empresa que mantiene información valiosa o confidencial tiene que tomar un enfoque de múltiples capas para la seguridad en internet”, dice Nigam. “Hay demasiadas formas para tener acceso a un sistema, y la compañía debe estar varios pasos delante de todos ellos”.
Con la filtración de Stratfor no es la primera ocasión en que WikiLeaks publica información de una empresa privada, dice Rebecca Jeschke, de Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende la libertad de expresión y la privacidad en línea. En 2008, el banco suizo Julius Baer demandó a WikiLeaks en la corte federal del distrito de California por albergar 14 documentos supuestamente filtrados que tenían relación con las transacciones bancarias de clientes del banco. De acuerdo con Jeschke, Baer al final pidió que se desestimara el caso.
¿Privacidad en Internet? Aún lejos en EU
El Gobierno de Obama presentó el jueves una nueva carta de derechos encaminada a proteger la privacidad de los consumidores cuando navegan en Internet.
La iniciativa esboza una serie de directrices para las compañías de Internet sobre la forma en que deben tratar los datos de los consumidores y gestionar sus interacciones con los clientes. Hace hincapié en la transparencia, la seguridad y el control de los usuarios sobre sus datos.
La carta es un gesto ostentoso, pero también ineficaz. El documento está plagado de reglas vagas, como: “Las compañías deberán ofrecer a los consumidores opciones claras y simples, presentadas de modo que permitan a los consumidores tomar decisiones significativas”.
La Casa Blanca admitió que el andamiaje de la iniciativa es más bien endeble, y que le gustaría que el Congreso estadounidense se involucrara y fijara mandatos más estrictos sobre lo que pueden hacer las compañías con los datos de sus clientes, pero esa solicitud no será resuelta pronto.
Entre tanto, la Casa Blanca describe su carta de derechos como un “anteproyecto comprensivo” para una legislación futura.
“Se trata de un avance muy importante, si bien no definitivo”, indicó Jon Leibowitz, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), en una conferencia ante la prensa el miércoles por la mañana. Asumir la carta de derechos es voluntario, si bien Leibowitz cree que las empresas se verán obligadas a suscribirse como muestra de su buena fe.
Para quienes se suscriban, la FTC puede reforzar las provisiones de la carta mediante la aplicación de acciones punitivas contra los infractores.
A su vez, el secretario de Comercio de Estados Unidos, John Bryson, señaló que la administración decidió actuar ahora debido al rápido ascenso del fraude en línea y a la confusión de los consumidores respecto a cómo y cuándo se rastrea su información. La Casa Blanca instó a la elaboración de esta carta de derechos hace un año, pero poco progreso se ha hecho hasta hoy. “La necesitamos ahora, no puede esperar”. urgió Bryson.
En paralelo a la propuesta de una carta de derechos para proteger la privacidad en línea, el grupo Digital Advertising Alliance, un consorcio de redes publicitarias, anunció el jueves que trabajaba para mejorar su tecnología “Do Not Track” (No rastrear) en la mayoría de los navegadores Web.
La Digital Advertising Alliance representa a cerca del 90% de los anunciantes en Internet, incluyendo aquellos que se promocionan en las redes publicitarias de Google, Yahoo, Microsoft y AOL.
Durante más de un año, esos anunciantes han permitido que los usuarios deshabiliten el rastreo en línea instalando una cookie especial en su computadora. Pero las autoridades gubernamentales dicen que la herramienta Do Not Track es actualmente confusa y complicada.
En consecuencia, la alianza expresó el jueves que buscará implementar un botón “Do Not Track” más sencillo en los navegadores. Con sólo pincharlo, el consumidor elegirá autoexcluirse de la recolección de datos que llevan a cabo los anunciantes participantes en todos los sitios web. Al igual que la carta de derechos para la privacidad, la solución Do Not Track será respaldada por la FTC, que vigilará su cumplimiento.
Estos anuncios se dan luego de una serie de incidentes recientes que comprometieron la privacidad en Internet. Hace poco, se descubrió que Path, Twitter y otras decenas de aplicaciones móviles almacenaban en sus servidores la completa libreta de contactos sin permiso de los usuarios. En diciembre, se supo también que fabricantes de móviles colocaban un software oculto que podría, potencialmente, grabar las teclas presionadas. Y la semana pasada, Google fue acusado de violar la configuración de privacidad del navegador Safari.
